Editorial ABC: El error de ceder las prisiones

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La improvisación, cercana al desbarajuste, de los primeros meses de la asunción por parte del País Vasco de las competencias en materia penitenciaria revela que lejos de ejercer cabalmente el autogobierno y de procurar un mejor funcionamiento de la administración en este ámbito tenía como principal objetivo hacerse con la llave de las prisiones para ir aligerando el futuro penal de los presos etarras. Basta un ejemplo: en solo los cinco primeros meses desde que tiene la competencia, el Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a dieciocho criminales etarras, cuando en los últimos cuatro años la administración central había concedido solo diez más. Teniendo en cuenta la laxitud con que el Ejecutivo de Sánchez ha aplicado la progresión de grado, Urkullu parece dispuesto a batir todos los récords de otorgamiento de beneficios penitenciarios a los terroristas que cumplen condena.

Todo parece responder a un plan perfectamente organizado y del que es partícipe el Gobierno. En una primera fase, era el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska el que debía ir acercando a los etarras a las cárceles vascas. Y así fue, de tal forma que esta primavera solo quedaban unas decenas de reclusos de la banda cumpliendo condenas fuera del País Vasco y Navarra. El goteo de traslados ha sido incesante. A finales de julio, sin ir más lejos, otros seis cabecillas etarras fueron acercados. Una vez con la gran mayoría allí, y asumidas las competencias penitenciarias por parte de la administración peneuvista, los etarras comienzan a gozar de un régimen de semilibertad. Y esto no es solo una sospecha. El propio Arnaldo Otegi confirmó en una comparecencia pública ese canje: «Esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para ellos tenemos que votar los Presupuestos, los votaremos». Y así fue, el proetarra cumplió su palabra y parece que Sánchez, la suya, rompiendo aquella promesa que repitió antes de llegar a La Moncloa de que «con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar… si quiere lo repito veinte veces».

Urkullu juega aquí sus cartas. El PNV sabe que en las encuestas Bildu le va comiendo terreno, precisamente por el impulso que le ha concedido el Gobierno central al convertirlo en su socio principalísimo en el Congreso, como quedó claro en el último acuerdo del PSOE con Bildu para elaborar al alimón la infame ley de la llamada Memoria Democrática, todo un adefesio legal que pretende reescribir la historia de la Transición para blanquear parte del siniestro legado de sangre que dejó la banda terrorista. Quiere el lendakari mitigar los posibles réditos del ‘blanqueo’ que Sánchez hace de los proetarras y arrogarse el mérito de las excarcelaciones, como baza electoral del PNV ante el espectro político ‘abertzale’. El nacionalismo de todo pelaje no suele dar puntada sin hilo y nunca renuncia a exhibir su pulsión ‘providencialista’ y ‘liberadora’ como banderines de enganche de votos.

Por eso, al Gobierno vasco no le ha importado no estar en absoluto preparado a la hora de asumir las competencias penitenciarias. Solo les interesaba tener la llave de las cárceles vascas, no dotarlas de un funcionamiento y una gestión administrativamente cabales. Por eso las disfunciones en las plantillas, la falta de formación del personal que dota esas prisiones, la profusión de interinos sin experiencia a los que se mete a trabajar tras impartirles un cursillo exprés, en detrimento de la seguridad propia y la del servicio. Ni oposición ni concurso de mérito ni nada parecido, basta con apuntarse a una bolsa de trabajo, lo que sin duda anima al clientelismo. Pero todo eso es para el Gobierno vasco lo de menos.

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